ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL PROCESO NÚMERO 35293

Publicado en Análisis

 
 Proceso nº 35293

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
 
Magistrada Ponente:
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
Aprobado Acta No 318.
 
Bogotá D.C., septiembre siete (7) de dos mil once (2011).
 
 
Tema:                                    CONDENA POR EL DELITO DE TRÁFICO,
                                              FABRICACIÓN O PORTE DE
                                              ESTUPEFACIENTES (ART. 376 C.P)
 
 CLASE DE SENTENCIA: OBITER
 
I.       ASUNTO A RESOLVER
 
Corresponde a la Corte determinar  si en este caso los procesados fueron condenados  basándose en el denominado nomen iuris o “primacía de la realidad” y no por lo que se haya demostrado en el proceso; en vista de que los cargos imputados no fueron concretos en cuanto a los verbos rectores que configuraban la conducta punible que se les atribuyó.
 
II.      PROBLEMA JURIDICO
 
¿Se vulnera el principio de congruencia por parte de los jueces, al emitir un fallo, basado en aspectos jurídicos que no hayan sido detallados ni especificados por el ente acusador?
 
 
III.    TESIS DEL DESPACHO
 
La congruencia en las decisiones judiciales debe basarse tanto en los aspectos fácticos como en los jurídicos; esto es, si los hechos no se encuentran plenamente demostrados como los relata la fiscalía en su escrito de acusación, al juez no le queda otra opción que el de resolver el asunto a favor del imputado o acusado según sea el caso. De igual manera, en el aspecto jurídico, el juez debe basarse en la especificación que hace la fiscalía del artículo o artículos del código penal en que se fundamenta para imputar los cargos y en los cuales enmarca los hechos que narra indicando de manera expresa el o los delitos cometidos.
 

 
IV.    ARGUMENTO CENTRAL  DEL DESPACHO (RATIO DECIDENDI)
 
La corte decreta la nulidad parcial de la actuación considerando que se vulneró el debido proceso del imputado en lo atinente al delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, por cuanto con la  ambigüedad demostrada por la fiscalía se le generó a aquel una incertidumbre que lo sorprendió y dificultó el diseño de una estrategia tendiente a desvirtuar la acusación. Decreta la invalidez parcial porque el yerro en que incurrieron los jueces afecta únicamente al delito contra la salud pública pero en nada lo referente al delito contra la administración pública de cohecho por dar u ofrecer; por cuanto se trata de conductas autónomas e independientes.
 
  
V. SUB-ARGUMENTOS DE LA TESIS DEL DESPACHO (RATIO IURIS- OBITER DICTA – PRECEDENTE)
 
Estima la corte que existe en el estatuto penal colombiano, descripción de ciertos tipos penales que describen modalidades comportamentales que se componen de diversos verbos rectores, que muchas veces son contradictorios o se excluyen entre sí; por tal motivo se deduce la inminente necesidad de que al momento de encuadrar los hechos narrados dentro de un tipo penal, se especifique detalladamente los verbos rectores que describen la conducta por la cual está siendo procesada la persona.
 
 VI. DECISIÓN JUDICIAL (Congruencia – no congruencia)
 
La corte opta por declarar la nulidad de lo actuado por considerar que el hecho de que la fiscalía no haya precisado desde el inicio de la actuación los verbos rectores que componían su acusación y hasta los haya confundido, representó para el imputado una novedad en el proceso lo que no le permitió establecer una estrategia específica para enfrentar su defensa, con miras a desvirtuar las modalidades comportamentales contenidas en el tipo penal que se le estaba indilgando.
 
VII.  CONSIDERACIÓN PERSONAL
 
Con todo el respeto que me merece la honorable corte suprema de justicia y sus ilustres magistrados, no comparto su decisión de declarar la nulidad de lo actuado, pues me parece que fueron extremadamente formalistas so pretexto de garantizar los derechos de los procesados. No se puede analizar el presente caso al tenor estricto de la literalidad de los vocablos establecidos en el tipo penal, pues los hechos saltan a la vista y si la conducta se encuentra tipificada en el estatuto correspondiente y fue plenamente identificada por el ente acusador, no puede la defensa aducir ante la corte, un yerro garrafal que hubiese inducido al error a las dos instancias anteriores. Tampoco pueden los ilustres magistrados deducir que esa imprecisión haya confundido al imputado y su defensa a tal punto que no les permitió elaborar una estrategia adecuada tendiente a desvirtuar la acusación. Carece de relevancia en este caso, el significado etimológico del término porque ninguno de los utilizados por la fiscalía es ajeno al tipo penal en el que se está encajando la conducta.
 
 

 

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Comentarios  

 
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